Convengamos
en que la situación boliviana, lo mismo que la ecuatoriana y de otros países de
América del Sur, aunque también podría serlo de otros espacios similares,
presentan por igual una serie de caracteres en común. Toda vez que en los
mismos se ha gestado un movimiento de protesta en contra del gobierno de turno,
éste, luego de haber respondido con un tímido intento por mantener el orden, ha
inmediatamente cesado en su intención originaria presentando rápidamente el
presidente la renuncia o anticipando su salida del poder. En Bolivia hemos
visto los recientes casos de Sánchez Losada y de Mesa, en Ecuador el de
Gutiérrez y otras situaciones similares, todas las cuales han mostrado como
característica común la de que, luego de haber sido jaqueados por diferentes
movimientos de protesta a los cuales se negaron a reprimir hasta las últimas
consecuencias como hubiera correspondido a un gobernante auténtico, se alejaron
raudamente del poder los que ocasionalmente lo ejercían.
En
la Argentina, país que en múltiples aspectos puede considerarse como pionero
del continente, ha sucedido lo mismo desde que la Democracia se encuentra al
frente del Estado. Así pues Alfonsín abandonó seis meses antes su gobierno en
razón de una sucesión de saqueos luego del fracaso estrepitoso de su plan
económico, De la Rúa se escapó en un helicóptero tras una pueblada en Plaza de
Mayo con la muerte de una treintena de personas, Rodríguez Saa huyó a su
provincia a una semana de asumir el poder aunque no se produjeran muertes, pero
por la persistencia de manifestaciones en su contra y Duhalde, su sucesor,
anticipó también en seis meses su partida luego de que, por una “represión”
policial, murieran dos piqueteros. Y hoy en día, profundizándose tal
perspectiva, el régimen ha reconocido que, para subsistir, debe evitar a
cualquier precio “reprimir las protestas” y hasta ha paradojalmente tratado de
congraciarse con éstas, ensalzándolas en su valor, a pesar de transgredir
aviesamente el orden público e incluso, de manera harto siniestra, tratando de
atraerlas hacia sí a fin de que le sirvieran como una especie de fuerza de
choque en contra la oposición. Actitud esta última sumamente peligrosa, pues
¿qué pasará el día en que las mismas se salgan de cauce y se dirijan en contra
de quien las inspira? Cosa ésta que resulta ser lo más previsible, pero que
además no es sino la consecuencia extrema de todas las claudicaciones anteriores.
Estamos
pues desde hace un tiempo presenciando el fenómeno de un Estado que se
restringe a sí mismo en el monopolio y el uso de la fuerza, es decir de un
Estado que se autolimita en el ejercicio del poder, que por lo tanto cede
abiertamente y hasta lo manifiesta en forma expresa, a la protesta de los
movimientos sociales. La consecuencia natural de todo ello será que con el
tiempo sobrevendrá su desaparición o suicidio. Lo que vendrá después es algo
difícil de saber, aunque la situación boliviana ya nos lo prenuncie, a través
del mentado fenómeno del separatismo de ciertas regiones más ricas, que no es
sino la consecuencia necesaria de un proceso propiciado por un Estado
renunciatario. Un poder que no se ejerce es obviamente ocupado por otro u
otros. Sin embargo debemos agregar también que este fenómeno destructivo que
estamos presenciando en un grado de mayor o menor intensidad encuentra su
fundamento último en una serie de sofismas ideológicos que se han ido
constituyendo indudablemente con la expresa intención de disolver el Estado y
consecuentemente las distintas unidades nacionales de nuestro continente. Es
decir se ha sembrado en el seno de nuestras sociedades un conjunto de
errores con la finalidad expresa de destruir y disolver. El principal sofisma
al que aludimos es aquel que sostiene abiertamente que los derechos de la
“humanidad”, esto es de los individuos singulares, son más importantes que los
del Estado. Que es más grave por lo tanto atentar en contra de aquellos que
en contra de este último. Y hasta se llega a una absolución de los primeros en
la medida en que se alega que si éstos suceden es porque ha sido el Estado el
culpable principal que los ha provocado por su inveterado carácter de
“represor”. Cosa que en cambio nunca se le acepta a este último, el cual en
ningún caso, de acuerdo a tal filosofía deletérea, podría llegar a ser una
víctima, sino siempre un victimario. Que por lo tanto, en razón de tal
superioridad reconocida, los eventuales delitos que efectúan las personas
singulares pueden prescribir y ser perdonados, pero no así los que
eventualmente realizara el Estado. Ello se lo ve en el hecho de que la
Constitución argentina de 1994 ha subordinado explícitamente los derechos del
Estado nacional a los Derechos humanos universales, a través de la forma de
Tratados internacionales, por los cuales atentar en contra de un hombre es más
grave que hacerlo en contra de una institución, olvidando a su vez en tal
abstracción que la misma también está compuesta por personas. Que las libertades
individuales, esto es los caprichos de los ciudadanos soliviantados y
mediatizados por los medios masivos de comunicación formadores de opinión
pública, son más importantes que los que posee el Estado de ser obedecido y por
lo tanto de exigir el mantenimiento del orden público. De acuerdo pues a la
filosofía democrática implementada a partir de 1983 lo privado resulta ser
así más importante que lo público. Y que esto último debe subordinarse a lo
privado, no reprimirlo nunca, sino en cambio actuar frente a él con una
paciencia sin límites, tal como la que se expresa en la actitud de nuestras
fuerzas de seguridad frente a las avalanchas, tomas y cortes de los piqueteros,
a los cuales todo les debe ser garantizado. No nos llamaría la atención ni
resultaría descabellado sostener que así como tal filosofía errónea ha sido
expresamente inducida para destruir, también la miseria del pueblo, producto de
también erróneas políticas económicas, ha sido gestada a fin de favorecer una
protesta que sin tal situación desesperada nunca habría encontrado su lugar por
más ineficiente y renunciatario que fuese el Estado.
Resulta
sumamente coherente con tal filosofía el debate que se ha iniciado en relación
al análisis de lo acontecido en la década del ‘70 cuando en nuestro país se
librara una guerra entre el Estado nacional y las fuerzas armadas de la
subversión respecto de cuál de los dos “terrorismos” era peor. Si el que se
excedía en la defensa del orden público o el que en cambio lo hacía con la
finalidad de destruirlo. Si se podían poner en un mismo plano a los que
fusilaban sin juicio a los guerrilleros o éstos últimos cuando lo hacían con
indefensos ciudadanos. Hoy en día, en razón de esta tendencia autodestructiva
antes mentada, no se hesita en considerar al primero como el peor de todos,
cuando tendría que ser exactamente al revés. Quien se excede en la defensa de
la ley y del orden es siempre mejor que el que en cambio lo hace para
destruirlo. El ataque dirigido en contra de las Fuerzas Armadas es pues el
ataque dirigido en contra del Estado, pues es el que se efectúa en contra de su
función esencial que es la de la defensa del orden público sea de las acciones
que sobrevienen desde lo interno como desde lo externo.
Frente
a lo relatado no queda sino una alternativa. Si el Estado quiere sobrevivir en
primer lugar debe sacudirse de todas las ideologías disolventes que lo limitan
en su función y lo anulan en los hechos. Ello deberá hacerlo aquel grupo de
hombres que con decisión haga primar los sagrados intereses de lo público por
sobre lo privado, sin dejarse influir por la moralina burguesa hoy vigente con
todos los anatemas que la prensa ha fabricado para desarmar a la Nación.
Buenos
Aires, 16-6-05
Marcos Ghio