Noticias Nacionales

El gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, se adelantó ayer públicamente a la Secretaría de Hacienda al exigir que los aumentos de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos que esa dependencia dicte para el próximo año deberán ser ''congruentes'' con la meta inflacionaria de 10 por ciento y demandó ''coordinación'' entre ambos organismos.

Por otra parte, al dictar una conferencia ante los miembros de la American Chamber-México (Amchar), luego de reiterar el llamado que hizo su institución en días pasados para que las expectativas inflacionarias de los contratos salariales se ajusten a la meta oficial, reconoció que la política del gobierno tiene costos para el país.

''Bajar la inflación en ninguna parte del mundo es gratis, siempre tiene costos. Pero el costo de no bajarla es mayor, eso es lo que también hay que entender'', advirtió el funcionario.

El pasado 30 de septiembre, el director de Investigaciones Económicas del banco central, Armando Baqueiro, convocó a trabajadores y patrones para que los convenios de salarios establecieran aumentos nominales no mayores a 10 por ciento, para contribuir a reducir la inflación.

Al consultar a Ortiz, luego del acto en la Amchar, sobre la posibilidad de que los trabajadores no puedan recuperar parte del salario perdido desde 1994, aclaró que los incrementos nominales de las remuneraciones podrán ser mayores a la inflación, porque, además de las expectativas de alzas de precios, también incluirían los aumentos en la productividad del trabajo.

''Lo que el Banco de México está diciendo es que hay que procurar que los contratos de todo tipo, incluyendo los salariales, tomen en cuenta las expectativas de inflación más los aumentos de productividad, y los incrementos de productividad en las empresas son distintos'', puntualizó.

Agregó: ''Creo que en las perspectivas que tenemos de inflación para el próximo año, es muy importante la coordinación entre los distintos actores, entre ellos el sector público, y esperamos que el comportamiento de los precios y tarifas (de bienes y servicios públicos) para el 2000 sea acorde con la meta de inflación esperada de 10 por ciento que hemos acordado con el gobierno'', dijo Ortiz, antes que la Secretaría de Hacienda haya hecho público su propósito en esta materia.

Recordó que a finales de 1998 el gobierno tuvo que aumentar las tarifas públicas para compensar los efectos negativos de la caída del precio del petróleo en sus finanzas, pero aseguró que para este año se prevé que no será necesaria una medida de ese tipo porque el precio del crudo ha tenido un comportamiento al alza.

La política de precios públicos deberá estudiarse dentro de la discusión presupuestal para el 2000, ''pero lo que digo es que tienen que ser congruentes con el objetivo de inflación'', demandó Ortiz.

Ortiz culpó a las crisis económicas sexenales como una de las causas de la situación actual de desigualdad en la distribución del ingreso. Para el próximo año ''la crisis recurrente la vamos a evitar'', aseguró ante los empresarios mexicanos y estadunidenses, en una afirmación mucho más audaz que las expresadas hasta ahora por los funcionarios, que se limitaban a señalar que el gobierno intentaría impedir ese colapso.

Interrogado por los inversionistas durante la conferencia sobre las medidas necesarias para abatir la pobreza, respondió que ''lo mejor que podemos hacer es propiciar condiciones para que el país crezca'' y continuar el combate a la inflación, aunque añadió que también se requiere priorizar la inversión en educación e infraestructura.

El BM, por acelerar la reforma

Para que la economía mexicana continúe con un desempeño favorable durante el 2000 es necesario mantener finanzas públicas sanas, una política monetaria ''prudente'', así como fortalecer al sistema financiero y acelerar el proceso de ''reforma estructural'', manifestó ayer Guillermo Güemez García, subgobernador del Banco de México.

En un encuentro con miembros del Colegio de Ingenieros, el funcionario aseguró que la solidez de la economía mexicana, junto con el blindaje financiero que obtuvo el gobierno garantizan una transmisión estable de gobierno en el 2000.

''La flexibilidad en el manejo de la política económica ha permitido mantener el crecimiento y la estabilidad a pesar de los choques externos adversos'', indicó.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) considera factible el objetivo del Banco de México de que se otorguen incrementos salariales no mayores a la inflación esperada (se calcula de 10 por ciento para el 2000), y dijo que será necesario un "pacto político" entre los diversos sectores para conformar un plan económico de Estado, que incluya el cumplimiento de esta decisión.

En su Informe económico ejecutivo, el organismo plantea que los líderes empresariales han insistido en que se concrete un pacto en el que se puedan establecer incrementos económicos "multianuales ‘ y conforme a estos, dirigir el país. Por ejemplo, se podría aparejar el objetivo desinflacionario establecido por el Banco Central referente a conducir la política monetaria, bajo la meta de bajar la inflación para el año 2003 a niveles semejantes a la de nuestros socios comerciales", indicó el CEESP.

En el máximo órgano de análisis del sector privado se comenta que es positivo determinar y acordar previamente los lineamientos de balance fiscal y otras medidas de política macroeconómica coherentes, a fin de dar mayor certidumbre a todos los sectores y con ello reducir el costo del proceso de desinflación.

Este pacto político podría, "en términos particulares más modestos e inmediatos, procurar la aprobación del presupuesto federal de ingresos y egresos, incluyendo lo relativo a precios y tarifas del -sector público, antes de la negociación del incremento a los salarios mínimos. Establece también que hasta el momento el Banco de México ha mantenido su compromiso de no intervenir .en el mercado monetario, además de que ha resultado muy importante, para estabilizar los ánimos, el que haya dado a conocer con anticipación su pronóstico de inflación para el año 2000, en un porcentaje no mayor a 10 por ciento. Ello ha generado confianza en los agentes económicos, los cuales perciben sobre el comportamiento futuro de la economía que se han reducido las presiones inflacionarias.

Profesores eméritos, investigadores y académicos de la UNAM consideraron que la declaración del grupo contrario al congreso democrático y resolutivo es la reacción de una organización de derecha que pretende cancelar los caminos del diálogo y mantener el modelo vigente de universidad aun a costa de la misma. Ese grupo, aseguraron, obedece a las líneas del gobierno, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuya cabeza visible es el ex rector José Sarukhán.

A su vez, la Asamblea Plural del Personal Académico realizó una enérgica protesta en contra de las posiciones que no quieren que se discutan los problemas de la universidad y se manifestó en favor de la creación de los espacios de discusión, así como de la conformación de una comisión negociadora del Consejo Universitario (CU). También se mostró partidaria de que tanto el Consejo General de Huelga (CGH) como el CU se declaren en sesión permanente.

Helena Beristáin, maestra emérita y con una carrera universitaria de más de 50 años, opinó que la posición de ese grupo --en el que participan tres ex rectores, Guillermo Soberón, Octavio Rivero y José Sarukhán-- de pedir al CU "no aceptar bajo ninguna circunstancia" el congreso, "es una especie de otro contrapaso de la danza, porque cada vez que hay una ilusión de que se podrían solucionar las cosas, vuelven a pesar las instrucciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), más que el derecho de los mexicanos".

La académica preguntó: "¿Hasta qué punto quieren desmembrar la universidad? No lo sé". En seguida, afirmó: "Hacer esa campaña infame de calumnias contra los universitarios es una táctica más del genocidio".

Explicó que la importancia de realizar un congreso, foro o espacio --pues "el nombre es lo de menos"-- tiene que ver con la realización de un ejercicio de reflexión colectiva que aspire a mejorar la máxima casa de estudios.

Además, dijo, los espacios para discutir la UNAM deben ser organizados por los universitarios "que entiendan a la universidad como un bien que han construido los mexicanos y que se debe conservar para estos mismos".

Asimismo, señaló que en la institución hay académicos que sí han hablado con los estudiantes --"lo que Barnés no se digna a hacer"-- para tratar de entenderlos y que ellos "nos entiendan", puesto que negarse al diálogo "es antiuniversitario".

Por su parte, Margarita Rosado, investigadora del Instituto de Astronomía, afirmó que a lo largo del conflicto se ha dado "cronométricamente" una reacción contra cada acción negociadora por parte de los grupos vinculados a las autoridades. Lo único que han hecho es evitar el diálogo y favorecer a los sectores más radicales del CGH, subrayó

Además, dijo, "las opiniones de ese grupo no son representativas de la comunidad de la UNAM. Sería muy favorable hacer una consulta con el propósito de que los universitarios se manifiesten sobre el conflicto y la manera de solucionarlo".

Axel Didriksson, investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad (Cesu), consideró que los universitarios que se declararon abiertamente en contra del congreso y a favor de que el presidente Ernesto Zedillo aplique la "ley en forma inteligente", pretenden convertirse en un grupo activo que busca influir y determinar posibles candidatos en la sucesión del rector, ya que "ven a Francisco Barnés de Castro como alguien que está muy débil".

Los miembros de este grupo "constituyen una posición reaccionaria y conservadora, porque es evidente que la universidad requiere transformarse y sin embargo, ellos quieren mantener la reproducción del modelo vigente", expuso.

Así las cosas, abundó, esa organización se ha convertido en "un grupo de presión a la rectoría para que no se le escape de las manos el conflicto, pues ellos consideran que esto ya sucedió". Y aunque "están con el rector porque nunca van a hacer nada que no sea institucional, no van a hacer algo para que Barnés se mantenga y en cualquier momento le van a poner el pie para que se tropiece".

Por otra parte, sostuvo que el congreso que se requiere, a diferencia del que se realizó en 1990, debe tener temas bien definidos en los que participe el conjunto de la comunidad, aunque "en algún momento pueda haber comisiones de trabajo que procesen las propuestas".

El investigador agregó que ahora resulta contradictorio que ex rectores como Sarukhán rechacen el congreso cuando algunos de ellos participaron en uno.

Piedras en el camino

Paralelamente, Juan Gabriel Moreno, académico de la Facultad de Filosofía, señaló que el grupo en contra del congreso, en lugar de poner piedras en el camino, debería de hacer un llamado a las partes para iniciar el diálogo.

Manifestó que detrás de la mencionada organización, existe "una línea del gobierno y del PRI". En seguida cuestionó: "¿Por qué no intentaron resolver el problema en su momento? ¿Por qué no quieren resolverlo? Las autoridades deben explicarlo", exigió.

El secretario de la Comisión de Educación del Senado de la República, Francisco Salazar, respaldó el señalamiento de los premios UNAM y tres ex rectores en contra de un congreso resolutivo para poner fin a la huelga universitaria, pues señaló que no tiene sentido el diálogo con estudiantes intransigentes.

Crítico de los huelguistas, el panista también arremetió contra el presidente Ernesto Zedillo, los secretarios de Educación Pública y Gobernación y el procurador general de la República por mostrarse "pasivos" y no hacer que se cumpla la ley exigiendo la entrega de las instalaciones universitarias.

Indicó que es momento de que la PGR determine "quiénes son los delincuentes" y castigue a los responsables de las pérdidas por cuatro mil millones de pesos que ha causado el cierre de la máxima casa de estudios durante más de cinco meses.

Consideró que el llamado de los ex rectores y maestros premiados demuestra que se está volviendo un clamor universitario que el gobierno actúe. "Nadie le ha pedido al Presidente que use el Ejército ni las bazucas ni la policía, pero sí que utilice la ley", señaló luego de asistir a una reunión de ese órgano legislativo.

Dijo que ante la postura intransigente de los huelguistas, al Poder Ejecutivo le ha faltado una actitud inteligente: "No basta con que el presidente Ernesto Zedillo diga que está preocupado; debe tener una estrategia para solucionar un conflicto tan lamentable", insistió.

Para el senador panista, un congreso universitario no resuelve en estos momentos el problema de la UNAM, porque mientras los estudiantes paristas se pronuncian por el diálogo pretenden que sus exigencias se cumplan a fuerza.

No obstante, señaló que los universitarios no pueden negarse a discutir cualquier asunto de su casa de estudios, por ejemplo si debe permanecer o no la Junta de Gobierno o si se necesita un nuevo Consejo Universitario, pero consideró incorrecto que se haga con base en imposiciones.

Dijo que ahora está en manos del gobierno el fin del conflicto en la Universidad Nacional porque, aseguró, el resto de los poderes ya hicieron lo que les correspondía y recordó que las dos cámaras legislativas ya han emitido varios puntos de acuerdo a favor del diálogo y la reanudación de clases, y han buscado acercar a las partes.

Afirmó que el Consejo General de Huelga se ha erigido en el principal enemigo del sindicato de trabajadores de la UNAM, porque los estudiantes prácticamente le quitaron a los sindicalizados su principal instrumento de presión, que es la huelga.

Expertos en materia constitucional, los senadores del PRI y del PAN, José Trinidad Lanz Cárdenas y Juan de Dios Castro, respectivamente, pidieron a las autoridades de la Secretaría de Gobernación investigar las afirmaciones del precandidato presidencial priísta Francisco Labastida Ochoa respecto del presunto abastecimiento de armas por parte del EPR a los paristas de la UNAM.

La versión del político sinaloense "podría ser verídica" toda vez que, como titular de Gobernación, tenía información de primera mano a través del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), advirtió el panista Castro Lozano.

El también presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República expresó preocupación por las recientes declaraciones del precandidato del tricolor; en torno a que el Ejército Popular Revolucionario (EPR) "donó" armamento a los integrantes del Consejo General de Huelga (CGH) de la UNAM.

Sería un problema de alta seguridad —agregó— de ser cierta esa versión de que el grupo armado está metido en el conflicto en la UNAM. Por ello, dijo, tanto el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, como el titular del Cisen, deben aclarar esa afirmacion.

Entrevistado por separado, el priísta José Trinidad Lanz Cárdenas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que tanto Gobernación como la Procuraduría General de la República deben investigar las aseveraciones de Francisco Labastida Ochoa.

Añadió que confía en que las averiguaciones que ya realiza la PGR sobre las denuncias de robo en la Universidad Nacional Autónoma de México permitan también esclarecer si hay "fuerzas extrañas y grupos armados" inmiscuidos en el conflicto que mantiene paralizada a la máxima casa de estudios del país.

Luego de señalar que un congreso resolutivo no sólo es ''inadecuado'' sino ''inaceptable'', el rector de la UNAM, Francisco Barnés, manifestó que el precandidato presidencial del PRI, Francisco Labastida, debe tener información ''verificable'' al haber expresado con tal contundencia que los estudiantes paristas reciben armas del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Además, afirmó que el semestre en curso corre el riesgo de ''perderse nuevamente si no tomamos las acciones adecuadas''. Y para ello, dijo, se ''requiere que los universitarios estemos en la mejor disposición de encontrar una fórmula de conciliación y que no haya estos actores que intervengan en el conflicto y que dificulten'' el camino de una pronta solución. Asimismo, informó que la próxima sesión del Consejo Universitario (CU) será a principios o mediados de la semana entrante.

Barnés de Castro envió también un mensaje a la cúpula empresarial. En ese sentido, afirmó que quienes proponen la desaparición de la UNAM ''no saben lo que dicen'', puesto que anular la universidad significaría ''cancelar uno de los más poderosos instrumentos con que cuenta el país para promover la movilidad social, y los mexicanos no podemos darnos el lujo de prescindir de una institución como la Universidad''.

Por otra parte, expresó, quienes insinúan que los egresados no tienen posibilidad de competir en el mercado laboral ''se niegan a reconocer que la UNAM es la institución que mayor demanda tiene en todos y cada uno de los niveles educativos que ofrece''. Más adelante, confió que en la máxima casa de estudios pasará ''el mal momento por el que atraviesa'' y el conflicto ''quedará en la historia''.

Entrevistado durante la entrega de premios del 24 Concurso Anual de Tesis Profesionales, que organiza la Cámara de Comercio de la ciudad de México, el rector habló sobre las declaraciones de Labastida Ochoa respecto a que el EPR proporciona armas al movimiento estudiantil.

''Es un señalamiento que preocupa a la sociedad y a los universitarios. Y es una llamada de atención de la gravedad del problema que estamos viviendo...Yo creo que el licenciado Labastida debe tener información verificable, cuando ha expresado su punto de vista con esa contundencia''.

Al preguntársele si la declaración de Labastida es una maniobra política, ya que anteriormente fungió como secretario de Gobernación, dijo: ''Ese es un asunto que le corresponde a los candidatos o a los actores políticos en poder opinar; (Labastida) está en todo su derecho de dar su punto de vista sobre la gravedad de la situación que vive la UNAM''.

Consideró que las autoridades federales están plenamente conscientes del problema, de la responsabilidad conjunta y han dado respuestas ''para buscar la mejor vía de solución'' en el menor tiempo posible.

En seguida, sostuvo que aunque la máxima casa de estudios no es ajena al marco legal del país, los universitarios tienen la responsabilidad de agotar todas las vías de salida, antes de que ''podamos o debamos recurrir'' a otras instancias para solucionar el conflicto.

El tiempo límite, dijo, ''es aquel que dicta la prudencia que tenemos que utilizar todos los universitarios, todos los mexicanos, para enfrentar un conflicto de enorme complejidad, en el que desgraciadamente, por diferentes razones, ha habido un claro interés'' por parte de quienes tomaron las instalaciones para que la problemática no se resuelva.

Al referirse a la realización o no del congreso resolutivo, Barnés de Castro afirmó que éste ''no es viable en la medida en que se interprete como una instancia que tiene atribuciones que reemplazan y sustituyen'' al Consejo Universitario.

El mal tiempo en los últimos tres días ha provocado graves daños en casi todo el país. Hasta ayer, reportes preliminares indicaban al menos 80 decesos, un número indeterminado de desaparecidos y más de 100 mil damnificados; comunidades enteras aisladas y cubiertas de agua por desbordamiento de ríos y deslaves; infraestructura carretera destruida y grandes extensiones de tierras de cultivo siniestradas.

Anoche seguía lloviendo intensamente e importantes cauces y presas estaban a punto de desbordarse. Los gobiernos estatales activaron los mecanismos de Protección Civil con desalojos preventivos y la instalación de albergues. El Ejército Mexicano puso en operación el plan DN-III en las localidades más afectadas de Puebla, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Tabasco.

También hay fuertes afectaciones y estado de emergencia en Chiapas, y en menor intensidad en los estados de México, Nayarit, Guerrero, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Quintana Roo, Campeche, Tlaxcala, Yucatán y en la ciudad de México.

En una de las mayores tragedias por desastres naturales en los últimos 30 años, Puebla registró 39 muertos por el derrumbe de viviendas producto del desbordamiento de cinco ríos, deslaves y desgajamientos de cerros en la Sierra Norte, zona que está literalmente anegada; se sabe de una cifra indefinida de desaparecidos; 12 mil damnificados, decenas de familias atrapadas y más de 70 comunidades incomunicadas. La Secretaría de Gobernación señaló anoche que habían fallecido 23 personas.

El caso más grave es el de Teziutlán, donde hubo 70 derrumbes. El cerro del barrio de Tlaxcala se desgajó sobre 40 casas. Hasta ayer en la noche se habían localizado 10 o 15 cadáveres, pero según los vecinos estarían sepultadas bajo el lodo de 50 a 100 personas.

El nivel de agua llegó hasta dos metros de altura en poblados como Chicontla y Tenanpulco, mientras seguía lloviendo y las presas Nuevo Necaxa y Tenango estaban a punto de desbordarse, lo que pone en peligro a unas 8 mil personas que habitan en 30 comunidades de los alrededores. Huauchinango desalojó a 2 mil personas de Tenango de las Flores.

El gobierno estatal informó que al menos 14 carreteras quedaron obstruidas por deslaves. En algunas zonas el agua se llevó tramos completos de cinta asfáltica.

En Veracruz, Protección Civil declaró alerta máxima en 67 municipios por el desbordamiento de 20 ríos, entre ellos el Coatzacoalcos con sus afluentes Uxpanapa, Coachapa, Chiquito, Tancocha y Playas; Cazones, Bobos, Mosantla, San Juan, Tesechoacán y Tecolutla, que afectaron a casi 40 municipios y 200 comunidades.

De acuerdo con cifras preliminares, las precipitaciones han arrojado un saldo de 17 muertos, tres de ellos a consecuencia de la caída de un helicóptero; un número indeterminado de desaparecidos, casi 40 mil damnificados y más de 26 mil hectáreas de cultivos básicos afectadas, además de mil cabezas de ganado perdidas. Las clases en escuelas fueron suspendidas y Pemex cerró temporalmente la extracción en campos petroleros.

En Tabasco las autoridades estiman en más de 53 mil el número de damnificados por los torrenciales aguaceros y destacaron que 15 de los 16 municipios de la entidad permanecen bajo el agua. Poco más de 16 mil familias están en refugios temporales.

Por otra parte, reportes del gobierno estatal indican que ayer se desbordó el río Carrizal y los afluentes del Grijalva y el Usumacinta están a punto de salirse de su cauce. Al cierre de esta edición, 151 comunidades estaban anegadas en 15 ayuntamientos y 25 mil hectáreas de cultivos fueron dañadas.

Los municipios Centro, Nacajuca, Tenosique, Jonuta y Emiliano Zapata son los que más resienten los estragos de las inundaciones. Las autoridades suspendieron clases en 208 escuelas. "Podríamos estar ante una situación catastrófica", advirtió Gilberto Segovia, vocero de la Comisión Nacional del Agua (CNA) que mantiene alerta roja, pues la liberación de aguas de las presas podría provocar que los ríos Usumacinta, Grijalva, Mezcalapa, Samaria y El Carrizal se desborden.

La Comisión Federal de Electricidad informó que debido a que las presas La Angostura, Chicoasén y Nezahualcóyotl, en Chiapas, están a 98 por ciento de su capacidad, fueron abiertas las compuertas de los embalses y el torrente empezó a correr por el río Grijalva, que también cruza por Tabasco, y está 81 centímetros arriba de su nivel crítico.

Para Oaxaca la situación se agravó luego del sismo del pasado 30 de septiembre. Hasta anoche las lluvias habían dejado cuatro personas muertas, tres de ellas arrastradas por las corrientes de los ríos que atraviesan los poblados Zimatlán de Alvarez, Mazatlán Villa de las Flores y Juchitán, en distintas zonas del estado.

Las fuertes precipitaciones dificultan aún más el auxilio a los damnificados por el terremoto, ya que el aeropuerto de la capital fue cerrado varias horas por falta de visibilidad. Caminos y Aeropuertos de Oaxaca informó que desde hace cinco días amplios tramos carreteras permanecen anegados, por lo que cerca de 30 municipios continúan aislados vía terrestre.

Por otra parte, una vez declarado como zona de desastre en su zona costera sur, en Jalisco resultaron perjudicados 12 municipios y hubo tres muertos, además de la pérdida de 500 cabezas de ganado, tres carreteras destruidas y decenas de rancherías incomunicadas. Los más afectados son Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cuatitlán y Villa Purificación, donde las autoridades urgen por apoyos federales para reconstruir la infraestructura dañada.

Ocho municipios de la costa de Michoacán resultaron severamente afectados por las precipitaciones y por ello fueron declarados zona de desastre. Se reportan más de 5 mil damnificados y la pérdida de cultivos en más de 6 mil hectáreas, principalmente de frutales, hortalizas y granos básicos como maíz y frijol, así como el 60 por ciento de la actividad ganadera con graves daños.

Las redes de agua potable, tramos carreteros y la infraestructura de riego resultaron afectados, y ríos y arroyos limítrofes con asentamientos humanos se desbordaron inundando amplias zonas habitadas.

En Hidalgo, el gobierno estatal decretó estado de emergencia porque las lluvias han provocado la muerte de ocho personas y tres desapariciones, además de que afectaron a unas 6 mil familias y produjeron daños en 4 mil viviendas, derrumbes en carreteras, miles de hectáreas de tierra agrícolas inundadas y colonias y poblaciones rurales incomunicadas y sin servicios básicos.

Se desbordaron los ríos San Lorenzo, Grande, Tulancingo y Chico Tulancingo, afectando principalmente las poblaciones de Tulancingo y Mextitlán. Los mayores perjuicios ocurrieron en la Huasteca Hidalguense, principalmente en 12 municipios. Aunque no se registraron decesos, hubo desalojos preventivos.

En el estado de México el mal tiempo ha producido heladas y la inundación del municipio Chimalhuacán, que ayer amaneció anegado, en tanto que desde Tepic, Nayarit, se informa que cuatro vehículos fueron arrastrados por la creciente del arroyo Paso Real de Cahuipa, por lo que seis personas resultaron heridas.

La iniciativa de Ley Federal de Garantías de Crédito que envió el presidente Ernesto Zedillo al Congreso de la Unión otorga poderes ''excesivos'' a los banqueros y fiduciarios, y deja en una situación endeble a los deudores, sostiene la Confederación Patronal (Coparmex). Advierte que el ordenamiento concede más facultades a los dueños de las instituciones financieras para que puedan adjudicarse sin trabas y con rapidez propiedades y bienes en garantía de los acreditados cuando hay problemas de pago.

En el documento Análisis de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso, denominada Ley Federal de Garantías de Crédito, el organismo señala que esta normatividad es peligrosa para los deudores, pues los coloca en una situación en la que fácilmente, en un promedio de 20 días, pueden perder sus propiedades, debido a los poderes que otorga a los acreedores.

''Encontramos que la iniciativa referida tiene puntos a favor y en contra para los participantes en un crédito. Sin embargo, se encuentran riesgos para los deudores, pues les quita la propiedad de los bienes que están en garantía, otorgando un poder a los acreedores y fiduciarias que puede ser peligroso, sobre todo en situaciones de crisis o inestabilidad financiera a nivel nacional e internacional, pues (lo anterior) podría, incluso, derivar en un cierre masivo de empresas, dada la adjudicación inmediata que de ellas harían los banqueros'', puntualiza el organismo empresarial.

El documento señala que en caso de que por algún motivo los deudores suspendieran sus obligaciones los banqueros podrían adjudicarse inmediatamente los bienes, según las facultades que les otorgaría la legislación, ya que los tiempos de resolución se acortarán de tal forma que un juicio se llevará en un promedio de diez a 20 días y el derecho de réplica sobre las resoluciones emitidas es ''muy endeble''.

Esta situación puede ser sobre todo de alto riesgo si se presenta una crisis económica o de inestabilidad financiera nacional e internacional, pues en caso de que las empresas tuvieran problemas de pago, los banqueros tendrán facultades para actuar con rapidez conforme a esta ley, y despojar de las empresas a los deudores, hasta generar un cierre masivo de empresa, asegura el análisis.

Detalla que el título primero de la ley tiene como objetivo promover el acceso al crédito y proteger los intereses de los acreditados; sin embargo, agrega que se tendría que entrecomillar la palabra proteger porque, en cambio, se otorgan beneficios excesivos a los acreedores para la recuperación de los préstamos.

En este mismo apartado se determina que el juez que conozca de una suspensión de pagos o quiebra, ''deberá decretar, sin mayor trámite en cuanto le sea solicitado por los acreedores, la exclusión de los bienes''. Esto significa que a fin de dar seguridad a los banqueros o representantes de otras instituciones financieras, todos ellos tendrán prioridad sobre los bienes aún cuando haya otros acreedores.

En el título segundo, referido a los fideicomisos de garantía, dice que en cualquier contrato de esta naturaleza, el legítimo titular de los bienes será la fiduciaria, además de que ''los dados en fideicomiso deberán estar asegurados por una cantidad que alcance a cubrir su valor, debiendo designarse como beneficiario de la póliza a la fiduciaria'', con la salvedad de que la persona que se encuentre en posesión de los bienes, o sea el deudor, será responsable por todo daño, deterioro o pérdida de los bienes.

El título tercero se refiere a los derechos legales sobre bienes muebles que tienen por objeto garantizar el cumplimiento de una obligación, y según la Coparmex, aquí también la normatividad se encamina a proteger adicionalmente a los fideicomisos, para el caso de incumplimiento de los deudores, ya que el acreedor está obligado a restituir la propiedad del deudor, hasta que ''estén pagados integramente el principal, sus intereses y accesorios''.

El título cuarto señala cómo se deberán registrar estos contratos para que sean válidos, en tanto que el quinto, que se refiere al procedimiento de ejecución, recoge ''los viejos anhelos de los banqueros de tener procedimientos sumarios, en donde realmente se pueda hacer afectiva la garantía de sus créditos otorgados, evitando juicios prolongados, en donde muchas veces, prácticamente, era imposible hacer efectiva la citada garantía, dadas las lagunas que existían en la ley''.

En la iniciativa, apunta la Coparmex, se manejan dos procedimientos para tramitar el pago de los créditos y la obtención de la posesión de los bienes objeto de las garantías por parte del acreedor: el extrajudicial y el judicial. El primero procederá cuando no exista controversia entre las partes sobre la posesión de los bienes; el segundo, cuando el deudor no quiera ceder.

Los tiempos de resolución se acortarán rotundamente, ya que una vez entrado el procedimiento judicial, el juez deberá requerir el pago al deudor, y este tendrá un plazo no mayor a cinco días para contestar positivamente o devolver la posesión de los bienes.

El ''carácter sumario'' del procedimiento, según la Coparmex, se encuentra en los artículos 70 y 72, en los que se obliga a la presentación de pruebas y a citar audiencia en un plazo no mayor a diez días. Una vez realizada ésta, se procederá a vender los bienes y en caso de que se apelen las resoluciones, ''éstas sólo podrán ser tramitadas en efecto devolutivo''.

La última parte de esta ley se refiere a las infracciones. Estas se aplicarán por las omisiones o actos de mala conducción que cometan las instituciones de crédito en su carácter de fiduciarias y los acreedores y ''se mencionan los delitos y sanciones, para aquellas personas que den en garantía bienes ya embargados o gravados a favor de terceros, o bien, para aquellas que destruyan o deterioren con mala fe los bienes que conservan en posesión y que estén dados en garantía'', concluye el análisis.

El grupo financiero español Banco Bilbao Vizcaya (BBV) afirmó ayer que el peso sufrirá "en las próximas semanas" un ajuste devaluatorio frente al dólar, corrección que calificó de "sana" para la economía del país.

"Nuestro escenario básico señala que el peso se debilitará en las próximas semanas, lo cual sería saludable para la economía" indicó Adolfo Albo, director de estudios económicos de BBV en México.

Un ajuste en el tipo de cambio, que de acuerdo con su estimación tendería a ubicarse en 10 pesos por dólar al final de este año, contribuiría a consolidar las tendencias positivas de baja en la inflación y de recuperación del crecimiento, "con lo que se restaría vulnerabilidad a la economía en el año 2000".

El especialista dijo que la economía mexicana —que crecerá 3 por ciento este año— tendrá un mayor dinamismo en el 2000, periodo para el que previó un incremento de 3.8 por ciento en el producto intemo bruto (PIB), cifra superior al considerado por el gobierno para ese año.

"Hasta ahora, la recuperación económica ha sido heterogénea. El mayor dinamismo está concentrado en el sector exportador y se advierte un estancamiento del mercado interno y un deterioro en los sectores básicos, como agricultura, pesca, minería, madera, hierro y acero", señaló en una conferencia de prensa.

Albo consideró que el próximo año habrá un menor dinamismo de las exportaciones, sector que este año realizará ventas al exterior por cerca, de 140 mil millones de dólares.

"Pero a cambio de la disminución de las exportaciones, el próximo año comenzará a crecer el consumo y la inversión privados. Por eso, prevemos que la mayor demanda interna compense la pérdida de las exportaciones y ello impulse el crecimiento", sostuvo.

El analista dijo que el precio del petróleo continuará elevándose el próximo año. Para el caso de la mezcla nacional de exportación, anticipó que el barril tendrá una cotización promedio de 15 dólares, pero recomendó al gobierno federal actuar con prudencia al momento de determinar los ingresos que obtendrá por este concepto en el siguiente ejercicio fiscal.

También consideró que el peso mexicano se ha fortalecido en su cotización frente al dólar en los últimos meses, debido al repunte en los precios del petróleo, al sostenido ingreso de inversión extranjera directa (seis mil millones de dólares en el primer semestre), y al hecho de que la falta de recuperación del mercado interno no está generando demanda de bienes de consumo importados.

"Lo que podría ajustar el peso hacia el fin del año serían compras por precaución y/o especulación", indicó.

En la misma conferencia, Miguel Sebastián, director internacional de estudios económicos de BBV dijo que las elecciones del próximo año imprimirán un factor de incertidumbre económica, pero aseguró que entre los inversionistas no existe preocupación por el proceso electoral, debido a que las cuentas económicas del país son sanas.

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) inició ayer el proceso para licitar cartera de créditos comerciales e industriales de Banca Serfín por 30 mil millones de pesos, que corresponde a activos que la institución vendió al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) antes de ser intervenida por el gobierno federal.

En un comunicado, el IPAB. informó que la cartera de crédito de Serfin que sacan a la venta constituye la colocación de activos más importante que hará el organismo este año.

El IPAB aseguró que con esta operación se avanza en el proceso de saneamiento de Banca Serfín para obtener el mayor valor de recuperación posible de su venta a particulares, que deberá concretarse en el primer semestre del 2000.

"Por los montos involucrados en esta licitación, las empresas participantes deberán acreditar suficiente capacidad técnica y financiera", añadió el IPAB. El organismo anunció que el nombre del ganador será dado a conocer a finales de este mes.